Análisis sobre la teoría general del proceso Francesco Carnelutti.

 

Por José Javier Capera Figueroa[1]

Los estudios jurídicos en los últimos tiempos se han basados en aportes teóricos y conceptuales proveniente de un tipo de investigación en el derecho marcada por aspectos como: la eficiencia, la práctica y la eficacia de la norma en sus múltiples generalidades, mostrando así un panorama propio entre la objetividad del derecho y la subjetividad del mismo; un tipo de condicionamiento mediado por el sentido sustancial del proceso, y como este sirve de medio para constituir los procesos de eficacia jurídica de la actividad de la norma.

Es así que los aportes teoréticos suministrados por Carnelutti (1941) muestra la relación entre el acto jurídico y la definición del procedimiento, en donde se ve relacionado los procesos de combinación y resultados que tiene las herramientas constitucionales por garantizar la legalidad de las normas y su eficiencia en un grupo social, lo que constituye en el ámbito procesal la siguiente enunciación:

“puede suceder que cada uno de los varios actos combinados conserve íntegra su individualidad, y que la ligazón proceda sólo de la unidad del efecto jurídico a cuya producción se encamine la coordinación de los mismos; el efecto en cuestión pertenece, normalmente, al último acto, pero no se produciría si éste no estuviese precedido por los otros, cuyos efectos singulares están precisamente encaminados a la reparación de aquel otro; a ese efecto se procede desde el primero al último de los actos coordinados, y de ahí que la coordinación se haya dado el nombre de procedimiento”; y agrega seguidamente que es un concepto que ha surgido especialmente en los estudios de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal al que han contribuido más los primeros, concluyendo que ello se concreta en la coordinación de varios actos autónomos con vistas a la producción de un efecto jurídico final (Carnelutti, 1941, págs. 101-102).

Situando así la problemática esencial sobre la teoría general del proceso que radica en el acto jurídico y su unidad sistémica, ya que articula los procesos de autonomía, fiscalización y del conjunto de normas, leyes y decretos que son funcionales al orden de la jurisprudencia del órgano político – administrativo del momento.

Por ello, desde la teoría general del derecho se concibe la premisa de la voluntad sobre el proceso de constitucionalidad y aplicabilidad de la ley, por eso Carnelutti (Público, 2009) menciona que  la posibilidad de integrar el proceso voluntario y la acción de inexequibilidad jurídica recae en la capacidad del derecho procesal para generar condiciones de supervisión sobre el marco jurídico de una sociedad y las garantías de aplicabilidad jurídica.

Estructura jurídica de la teoría general del proceso.

TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

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Fuente: Elaboración propia con base a (Romero, 2012)

 

En este caso Cappelleti menciona que la investigación procesal de la teoría del Estado, también tiene un acervo sobre el reconocimiento de la voluntad y la necesidad de generar reformas que tenga una perspectiva sobre la cuestión de la legitimidad y la ley como instrumento de aplicabilidad para generar la importancia de la ley en el ordenamiento jurídico y la facilidad por establecer una serie de mecanismo que regulen e intervengan los derechos constitucionales de un país (Romero, 2012).

Otra perspectiva que se tiene sobre la teoría general del derecho desde los aportes de (Carnelutti F. , 1997) consiste en que el derecho procesal, regula la función y estructura del proceso voluntario, en donde el Estado dirige toda la actividad jurisdiccional del poder político. Siendo así que,  la economía, los servicios públicos, los derechos constitucionales  entran en conflicto de intereses, ya que influye el interés del otro sujeto excluido y excluyendo puesto que su acto es producto de la posición favorable de un sujeto distinto y lleno de necesidades y satisfacciones  (Carnelutti, 1993: 2003).

Definido el concepto de conflicto de intereses, ascenderé un escaño más para arribar al de litigio. Aquel se torna en éste, cuando uno de los titulares de los intereses en conflicto aspira a la tutela jurídica mediante una pretensión y el otro resiste o lo contradice (Carnelutti, 1952, p. 12; Alvarado, 2004, p. 13 recuperado de Romero, 2012).

La fuerte disputa que tiene el proceso como teoría se encuentra inmersa en la mirada que asume el derecho, puesto que el derecho objetivo o conocido como derecho material se ve ligado al conjunto de normas que regulan la conducta de los individuos en la sociedad, para así reglamentar los intereses sobre la distribución y el goce de bienes para larga vida.

Lo que simboliza que el derecho procesal sea un tipo de derecho práctico y de mayor acercamiento a un realismo jurídico propio de la doctrina americana del derecho, y así buscar el proceso general de la teoría de conflicto y el reconocimiento el derecho procesal, deben ser visto de la funcionalidad de la norma y la aplicación de la misma para realizar un reconocido a partir de que según la teoría pura, el derecho procesal es ¨el conjunto de normas que regulan la actividad realizada por las distintas ramas u órganos del estado para crear o aplicar el ordenamiento positivo, sea con carácter general, como cuando cobija a la colectividad, o individual, si solo atañe a una persona determinada¨.

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Fuente: Elaboración propia con base a (Romero, 2012)

 

De acuerdo, con el derecho procesal se evidencia la figura de connotación y definición de la actividad natural y el proceso para hacer del Estado un conjunto de instituciones basadas en la administración, para así contemplar las reglas entre la actividad personal y la actividad del estado; según la teoría del derecho procesal legislativo, como aquel constituido por las normas que regulan la forma cómo actúan los órganos del estado, en igual forma el derecho procesal administrativo, el derecho procesal jurisdiccional; que consagra las reglas que debe observar la rama judicial en general, cualquiera que sea el asunto sometido a su consideración (Universidad Católica de Colombia, 2010, pág. 20).

En vista de lo anterior, cada concepto se articula con la doctrina procesal y constituye el derecho material como el punto procesal y las diferencias propias del trabajo vivo y la actividad regulada mediante la parte jurídica de un grupo social, así que es necesario determinar la eficacia material de la norma para así analizar la competencia eficaz y la eficiencia administrativa del momento.

A su vez, resalta que desde Francesco Carnelutti se expresa el siguiente concepto: “[…] Llamo litigio al conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro”2 Expresado de forma simple, un litigio se forma con la exigencia de la pretensión de subordinación de uno y la resistencia u oposición del otro a los intereses del primero. Sólo puede denominarse litigio a aquella controversia resuelta con la intervención judicial (Público, 2009, pág. 14).

Tal como lo reafirma Carnelutti cuando dice que ¨la norma sustancial regula las relaciones entre los individuos, por lo cual origina derechos y obligaciones mientras que la instrumental genera situaciones más complejas, como es el atribuir a la rama judicial la potestad de declarar el derecho sustancial y otorgar a los particulares los medios para concurrir ante el órgano correspondiente y obtener por conducto de estos la solución de litigio¨ (Universidad Católica de Colombia, 2010).

Para finalizar, en el marco jurídico colombiano encontramos que  el Artículo 2 C.P. El cual consagra los fines del estado y rige toda actividad en cumplimiento de los propósitos del estado, el Artículo 4 C.P. El cual consagra que la Constitución es norma de normas, y que ninguna disposición legal la puede contrariar, el Artículo 5 C.P. Sobre la primacía de los derechos inalienables de la constitución política.

[1] Politólogo Universidad del Tolima, asistente de investigación (Académico) Universidad Autónoma del Estado de México (UAMEx). Correo electrónico: Caperafigueroa@gmail.com

BIBLIOGRAFÍA

Carnelutti, F. (1941). “Teoría General del Derecho”, trad. esp. Madrid: Gedisa.

Carnelutti, F. (1997). Derecho procesal civil y penal (Vol. 4). Italia: Harla.

Público, S. D. (2009). Teoría General del Proceso y el Código del Curso. . Bogotá: Unal.

Romero, L. G. (2012). Teoría General del Proceso. Estado de México: Red Tercer Milenio .

Universidad Católica de Colombia. (2010). Teoría general de proceso. Vol. 1. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

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